Los esfuerzos federales para confiscar bienes sin el debido proceso son un problema. Tampoco es una coincidencia que la propiedad en cuestión incluya armas de fuego personales.
Los defensores afirman que si el gobierno simplemente "toma medidas enérgicas" aún más duro, el problema de las drogas se resolverá. La realidad en México y Filipinas muestra cuán equivocada es esta idea.
